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La Intendencia de Salto, encabezada por el intendente Carlos Albisu, anunció el cese de 291 funcionarios. La decisión ha generado una fuerte controversia, con el sindicato Adeom denunciando un atropello a los derechos laborales y acusando al gobierno departamental de utilizar la medida con fines políticos partidarios. El sindicato asegura que el proceso de cesantía careció de los debidos procesos administrativos y que se ha afectado de manera desproporcionada a empleados con larga trayectoria y afiliados a sus filas. Se espera que Adeom presente las denuncias formales ante los organismos correspondientes para que se investigue la legalidad de los ceses.
Albisu, por su parte, justificó las medidas en una conferencia de prensa, argumentando que algunos ceses se debieron a razones de eficiencia administrativa y optimización de recursos. Reconoció, sin embargo, que algunos funcionarios podrían ser reintegrados por razones humanitarias o por necesidades específicas del servicio. No obstante, la falta de transparencia en los criterios utilizados para seleccionar a los funcionarios cesados ha exacerbado las críticas del sindicato, que exige una explicación detallada y pública de los motivos detrás de cada despido. La situación ha generado un clima de tensión en el departamento, con el sindicato amenazando con medidas de fuerza en caso de no obtener una respuesta satisfactoria por parte de la Intendencia. La oposición política también ha expresado su preocupación y ha pedido una investigación exhaustiva sobre el tema.
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