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Un alarmante informe presentado por Petit revela que más del 40% de la población reclusa en el país experimenta trato cruel, inhumano y degradante. Esta preocupante estadística pone de manifiesto la necesidad urgente de reformas profundas en el sistema penitenciario. El informe detalla las deficiencias existentes, abogando por una serie de medidas para mejorar las condiciones de vida de los reclusos y asegurar el respeto a sus derechos humanos.
Entre las propuestas de Petit se encuentra la reconsideración de la suspensión condicional del proceso para ciertos delitos, una revisión exhaustiva del sistema de redención de pena por trabajo o estudio, y una mayor aplicación de la suspensión o aplazamiento del ingreso a prisión, siempre bajo estrictas medidas de seguimiento y control. Además, se plantea la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), buscando una distribución más equitativa de los recursos y la creación de una prisión especializada para atender las necesidades específicas de la población reclusa con problemas de salud mental, una necesidad crucial y hasta ahora desatendida. Estas reformas pretenden abordar las deficiencias estructurales y la falta de recursos que contribuyen a la situación actual. La implementación de estas medidas requiere una inversión significativa en infraestructura, personal capacitado y programas de rehabilitación efectivos.
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