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El defensor del pueblo bonaerense, (nombre del defensor si se conoce, sino omitir) , presentó un informe anual que revela una alarmante situación en el sistema penitenciario argentino. Más del 40% de la población reclusa sufre «trato cruel, inhumano y degradante», según el documento. Esta cifra pone de manifiesto la urgente necesidad de reformas estructurales para garantizar el respeto a los derechos humanos fundamentales dentro de las cárceles. El informe destaca la sobrepoblación carcelaria, la falta de acceso a una atención médica adecuada y las precarias condiciones de higiene como factores contribuyentes a esta problemática.
Para abordar esta crisis, el defensor propuso una serie de medidas claves. Entre ellas, se encuentran la reactivación de la suspensión condicional del proceso penal, un replanteamiento del sistema de redención de pena por trabajo o estudio, y la ampliación de las posibilidades de suspensión o aplazamiento del ingreso a prisión, siempre con medidas de control y seguimiento del individuo. Asimismo, se plantea la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y la creación de un centro penitenciario especializado en la atención de personas con problemas de salud mental, reconociendo la necesidad de un abordaje integral de las problemáticas que afectan a la población reclusa. Estas reformas son cruciales para humanizar el sistema y avanzar hacia un modelo más acorde con los estándares internacionales de derechos humanos.
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