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El Frente Amplio (FA) ha iniciado gestiones para derogar la ley de tenencia compartida, generando un fuerte debate político. La diputada frenteamplista Inés Cortés argumentó que la norma contradice la Convención de los Derechos del Niño, alegando que prioriza la igualdad entre padres por sobre el interés superior del menor. Esta postura ha sido respaldada por otros sectores del FA que señalan posibles consecuencias negativas en casos de violencia intrafamiliar, donde la implementación de la tenencia compartida podría exponer a los niños a situaciones de riesgo. Se critica la falta de mecanismos efectivos para garantizar la protección de los menores en estos contextos.
Por su parte, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi calificó el intento de derogación como «oportunismo irresponsable», defendiendo la ley como un avance en la equidad entre padres y madres en la crianza. Goñi enfatizó que la ley contempla mecanismos de protección para los niños en situaciones de riesgo, argumentando que la derogación significaría un retroceso en materia de derechos parentales y que se desconocen las consecuencias para las familias uruguayas. El debate se centra en la necesidad de equilibrar los derechos parentales con la protección del bienestar del niño, creando un escenario de tensión política donde diferentes enfoques sobre la infancia y la familia se enfrentan. Se espera que la discusión parlamentaria genere un amplio debate social sobre la crianza compartida y sus implicaciones.
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